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Cuartos: 1

CONOCE GUERRERO

Guerrero Decimononico

Desde 1835, en plena etapa centralista del país, Bravo impulso de forma infructuosa la creación de una entidad soberana autónoma: el departamento del sur. Él y Álvarez argumentaban que el departamento de México ignoraba las demandas y representatividad de los habitantes del ahora territorio guerrerense, y que la distancia con respecto a Toluca, centro político del departamento, y la ciudad de México, centro político del país, contribuía a ese abandono.

Posteriormente, el 10 de octubre de 1841, bravo y Álvarez firmaron un manifiesto en Chilpancingo, donde plantearon al Poder Legislativo su intención de crear el departamento de Acapulco. Argumentaba que los pueblos del sur clamaban por su separación del departamento de México. Decían representar a cerca de trescientos pueblos, con más de cien mil habitantes con un carácter indomable. No obstante, la formación del nuevo departamento quedo en el aire durante varios años; entre otras razones por los conflictos en distintos puntos de la Montaña, debido a la expansión de las haciendas a costa de las tierras de los pueblos indios, que preocuparon al gobierno nacional, pero, sobre todo, por las disputas en el ámbito nacional entre federalistas y centralistas.

Juan N. Álvarez, quien hasta su muerte fungió  como fiel de la balanza en la región, tuvo un papel preponderante en las rebeliones de los poblados que resultaron afectados en  sus formas y extensiones de propiedad. Algunas veces buscó calmar a los rebeldes; en otras, los incito a defender sus peticiones. En los dos casos obtenía beneficios, ya que le servían para presionar a las autoridades nacionales, pues se presentaba como el hombre fuerte de la región que podía llevar a cabo una acción de mediación, lo que consolidó su figura caciquil. Las situaciones de descontento también les servían para presionar y cuestionar el poder de su antagonista político, Nicolás Bravo, ya que varios de los alzamientos se representaron en la zona de influencia de éste.

Es importante recordar que, a lo largo de su vida, Álvarez acumulo una considerable fuerza política y militar que le permitió erigir un solido cacicazgo en un amplio espacio territorial del sur, y que lo doto de una amplia base social en diferentes segmentos del pueblo guerrerense. Bajo su dominio, la Costa Grande se caracterizo como un señorío donde se entrecruzaban propiedad territorial, explotación económica, dominio político y control militar. Todo fundido en sinergia por el gran patriarca, el señor feudal. Si bien lo anterior fue producto de factores netamente económicos y políticos, no se puede subestimar el papel victorioso de Álvarez en sucesivas luchas en el campo de batalla. Acaudilló la lucha para contener la invasión estadounidense y, posteriormente, levanto al sur contra la dictadura de Santa Anna. Por ello, a su muerte se redujo de forma considerable la influencia guerrerense en el ámbito nacional.

No obstante la mediación de Álvarez, Nicolás Bravo no renunció al recurso de las ramas. Así, el 17 de abril de 1842, en el cerro de Matlata, sometió a los indígenas al sonido del fuego. Álvarez logro una tregua que terminó cuando el ejército atacó el poblado de Ayahualco, acción contraproducente porque el conflicto se extendió a otras zonas. Una vez más la intervención de Álvarez logró una amnistía del gobierno, que tranquilizo los ánimos. Sin embargo, el año siguiente el problema reapareció cuando un número significativo de pueblos de la Montaña –Aguilpa, Alpuyeca, Atlamajalcingo del Río, Beaupa, Chipetepec, Copanatoyac, Cuanzololo, Cuapala, Hasotla, Ixcatepec, Oztocingo, Pactlichán, Potuichan, Teocutlapa, Tlaquesolapa, Tlaquilingo, Totoltepec y Xalpatlahuac-, se solidaron en la lucha. En mayo de 1843, Álvarez, de nueva cuenta, dio una salida parcial al conflicto mediante el Convenio de Chilpancingo, que proponía la revisión de los títulos de propiedad, el desarme y la amnistía a los sublevados. Pero las rebeliones continuaron en ascenso hasta finales de ese año, cuando Dionisio Arriaga, el comandante general de los rebeldes, fue fusilado; este es el momento del reflujo rebelde, que se acentuó con la caída –una de ellas- de Santa Anna al año siguiente, 1844, y la declaración de guerra de Estados Unidos a nuestro país en 1846.

El año de 1846 fue muy conflictivo para la nación mexicana: el 13 de mayo Estados Unidos le declaro la guerra; en tanto, la lucha entre los federalistas y los centralistas provocó que el 2 de agosto se expidiera un decreto que puso de nuevo en vigor la Constitución federal de 1824. La vuelta al federalismo se formalizo el 21 de mayo de 1847 con el Acta constitutiva y de reformas de los Estados Unidos que, entre otras iniciativas, planteo la conveniencia de crear una nueva entidad política en el sur, con el consentimiento, obviamente, de las legislaturas de los estado afectados por la perdida de territorios (Estados de México, Michoacán y Puebla). La invasión estadounidense, además de las negociaciones y reticencias por parte de las entidades que a la postre sufrieron la mutilación de sus territorios, sumada a las dudas acerca de la viabilidad económica de la nueva entidad sureña, retrasaron el sueño soberano por dos años. No fue si no hasta mediados de 1849 cuando nació el estado libre y soberano de Guerrero.

En un primer momento, se designó a Iguala de Iturbide como la capital provisional y a Juan N. Álvarez, gobernador provisional, después interino, hasta que dejo el cargo, momentáneamente, en junio de 1850. En marzo de ese año se reunieron, en Iguala, los once diputados electos para el Congreso Constituyente del estado; ahí se encontraron personalidades de la talla de Nicolás Bravo, Diego Álvarez (el hijo de don Juan), Juan José Calleja e Ignacio Castañón. En este Congreso se elaboró la ley Orgánica Provisional para el Arreglo Interior del Estado de Guerrero, la cual se publico el 15 de marzo de 1850. En ella se declaro a Guerrero parte integrante de la federación, e independiente, libre y soberano; en el capitulo IV, articulo 15, se nombro capital del estado a la ciudad de Tixtla de Guerrero. No seria sino hasta 1871 cuando Chilpancingo fue declarado en forma definitiva sede de los tres poderes. En tanto, el 14 de junio de 1851 se promulgo la primera Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero.

Juan N. Álvarez, que había ocupado de forma intermitente la máxima silla de Guerrero, en octubre de 1853 tuvo que dejarla una vez más. Esto debido al undécimo regreso de Santa Anna a la Presidencia de México, quien  con ánimo revanchistas desterró del país a prominentes liberales, al mismo tiempo que trató  de despojar de su poder a los caciques regionales y más aún si eran amigos del centralismo. Álvarez en la Costa Grande y Florencio Villarreal en la Costa Chica fueron blanco, evidentemente, de esta política represiva. Ante ello, este último formalizó su oposición  con la proclamación del Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, en donde se desconocía a Santa Anna como presidente de la República y se pedía la elaboración de una nueva Constitución. Además, se invitaba  a los generales Juan N. Álvarez, Nicolás Bravo y Tomas Moreno  –gobernador sustituto del estado- para que se unieran a ese levantamiento.

Días más tarde, el Plan de Ayutla recibió el apoyo del coronel Ignacio Comonfort, quien le agregó algunas reformas de tendencia moderada. Esto ocurrió en el Fuerte de San Diego, Acapulco; por ello este documento pasó a la historia como el Plan de Acapulco. Entre los cambios introducidos destacó el de la protección a las garantías individuales. Asimismo, se ratificó la solicitud a los caciques guerrerenses para que acaudillaran el movimiento: Álvarez y Moreno se adhirieron a él, mientras que Bravo, retirado a la vida privada después de la guerra con Estados Unidos, rechazo el ofrecimiento, aunque tampoco aceptó combatir a las tropas rebeldes. El general Bravo murió en Chilpancingo el 22 de abril de ese año; alguna versión aseguraba que fue envenenado por órdenes de Santa Anna.

El propio Santa Anna encabezó a las tropas que salieron de la ciudad de México el 15 de marzo de 1854 para enfrentar a la rebelión suriana, pero desde el camino las cosas pintaron mal, pues sufrieron diversos ataques. Después, intentaron, fallidamente, asaltar Acapulco. A partir de ese momento el alzamiento creció en número y fuerza. Derrotado, el 9 de agosto de 1855 Santa Anna salió hacia Nueva Granada, Colombia. Martín Carrera fue nombrado presidente provisional, quien para mediados de septiembre de ese año dejo el cargo en manos de Juan N. Álvarez. Por su parte, Tomás Moreno fue reinstalado en la gubernatura guerrerense.

Las guerras de reforma y la segunda intervención francesa también tuvieron como protagonistas a hombres guerrerenses. Las fuerzas leales a  Benito Juárez, fueron comandadas por Álvarez, quien las dividió en tres  brigadas, dirigidas, en un primer momento, por Vicente Jiménez, José María Arteaga y Diego Álvarez. Para mediados de 1860, el ejército conservador había sido derrotado en el sur. Posteriormente, durante la intervención, Anselmo Torrija y Diego Álvarez, gobernadores sucesivos de la entidad en esta coyuntura, formaron un batallón y un escuadrón de la guardia nacional en cada distrito del territorio guerrerense. Por tal razón, el periodo abundó en acciones armadas, entre las que destacan las que se produjeron en Teloloapan, Chilapa y Taxco. De hecho, esta última localidad se perdió y fue recuperada en octubre de 1863 por Porfirio Díaz, con la participación de numerosos contingentes civiles, atrincherados en edificios cercanos a la plaza y en la iglesia de Santa Prisca.

Las fuerzas francesas deseaban apoderarse de Acapulco, pues sabían de su papel estratégico como punto de entrada de municipios para las fuerzas nacionalistas que peleaban en el sur. Juan N. Álvarez garantizó, con sus propiedades, el pago de las armas y pertrechos, y en 1867 su hijo logro recuperar definitivamente la plaza.

La guerra contra los invasores del suelo mexicano estuvo acompañada de una lucha por la hegemonía caciquil en el estado, que pasaba por un cambio generacional en sus figuras políticas centrales ante la muerte de Nicolás Bravo, una década atrás, y el deterioro físico del gran cacique de la Región, Juan N. Álvarez, que congruente con la visión patrimonial del poder que tenia, dejo a su hijo Diego no sólo sus ranchos, terrenos y su hacienda La Providencia, sino que le heredó el mando político y militar de la región, su región.

Además de Diego Álvarez, otra figura que sobresalió para sustituir al hombre fuerte de la región fue Vicente Jiménez, quien desde principios de los 1860 se había aproximado a Porfirio Díaz y sumado a sus tropas. Juntos, al mando de Jesús González Ortega, abatieron a Leonardo Márquez y Félix María Zuloaga, en Jalatlaco, en 1861. Antes, en 1857, Jiménez había sido gobernador de Guerrero; en 1861 lo fue por tercera ocasión. Es decir, tenía la estatura política regional y la conexión con el hombre que poco tiempo después se convertiría en el personaje más fuerte de México. Así, durante la Republica Restaurada, Diego Álvarez contó las más de las veces con el apoyo de Juárez, mientras que Vicente Jiménez tuvo el respaldo de Díaz.

La ruptura definitiva entre ambos personajes guerrerenses se dio en julio de 1867, cuando Jiménez, entonces jefe de la primera brigada de la División del Sur, publicó un documento en el que recriminaba al Ejecutivo local, a cargo de Álvarez, por la lamentable situación de la entidad; se reserva guardar las armas; desconocía a Álvarez y nombraba como gobernador interino a Ignacio Manuel Altamirano, quien bajo el mando de Jiménez  contaba con una fugaz y brillante carrera militar. Un mes después  murió Juan N. Álvarez, y la entidad se quedó sin el hombre enérgico, el único con la capacidad para controlar las fuerzas locales. De ahí en adelante, por mucho tiempo, las principales autoridades del estado serían nombradas desde la capital de la Republica y con la venia del poder central. De esta forma, Juárez y luego Díaz se convirtieron en el fiel de la balanza en la política guerrerense de los siguientes lustros.

En mayo de 1868 Jiménez y sus fuerzas dispusieron las armas y Álvarez pudo terminar su mandato. Entonces, el general de origen jalisciense, Francisco O. Arce, ocupó la gubernatura; de nuevo, en 1870, Jiménez se sublevó con el apoyo de los diputados locales, quienes impusieron a Francisco Domínguez Catalán como gobernador interino. Sin embargo, Juárez apoyó al gobernador de puesto y envió tropas federales a Guerrero, lo que provocó la desaprobación, no escuchaba, del Congreso de la Unión. Para 1871, cuando Díaz, bajo la bandera antirreeleccionista lanzó el Plan de la Noria, el movimiento de Jiménez  estaba prácticamente derrotado; aun así se unió a la causa porfirista, mientras que Álvarez se sumó a las fuerzas de Juárez. Los insurrectos del Plan de la Noria fracasaron y Jiménez tuvo que aceptar la amnistía propuesta por Sebastián Lerdo de Tejada. La consecuencia natural de ello fue que Arce pudo terminar su periodo y en 1873 le entrego, nuevamente, la estafeta a Diego Álvarez.

Para 1876 surgió el conflicto entre los caciques guerrerenses. El Plan de Tuxtepec provocó que surgieran varios focos rebeldes en la zona. El gobernador Diego Álvarez encomendó su sofocación a Canuto A. Neri. Sin embargo, las fuerzas porfiristas triunfaron y Vicente Jiménez regresó al estado con los cargos de gobernador y jefe de la revolución. Tras sucesivas derrotas militares, Álvarez renuncio a la gubernatura y Jiménez, con un animo revanchista, trató de eliminar completamente a las fuerzas del primero. Sin embargo, no contó con la aprobación de Díaz, quien lo sustituyó por Rafael Cuellar, y negoció con Diego Álvarez la vicegubernatura, que quedó en manos de Canuto A. Neri. Además, el cacique guerrerense al negociar con el gobierno federal, pudo volver a ser gobernador por ultima vez en 1881 –ya lo había sido en 1862 y 1873-. Diego Álvarez, al igual que su padre, había luchado contra los esfuerzos centralizadores encaminados a socavar su poder; sin embargo, la astucia y poder de Díaz se impusieron y atropelló la autonomía del estado. El resultado fue la generación de un fuerte sentimiento regionalista.

Apenas consolidó Díaz su dictadura, cuando la política guerrerense quedo completamente bajo su dominio. Después del último mandato de Diego Álvarez, el gran cacicazgo que inició su padre perdió el control político directo; su influencia se redujo al Congreso local, que cada vez más se sujeto al control férreo de la política porfiriana. Así, la política centralista aplicada por la dictadura de Porfirio Díaz acotó considerablemente la intervención en el poder regional de los caciques guerrerenses. De 1885 a 1911 fueron forasteros los que gobernaron la entidad, aunque en los años finales de la dictadura de Díaz llegaron a ocupar la gubernatura dos guerrerenses: Manuel Guillén, porfiristas de abolengo, de 1904 a 1907, y Damián Flores, miembro del grupo de los científicos, de 1907 a 1911.

Para 1885, Francisco O. Arce, con la venia de Díaz, regresó a la gubernatura y ahí se quedó, al estilo de la época, por dos periodos constitucionales; intentó, sin éxito, gozar de un tercero. Arce fue un peón en la estrategia que Porfirio Díaz adoptó para tener bajo control a Guerrero, una que ya había utilizado con anterioridad Benito Juárez: imponer a alguien de fuera, sin compromisos ni resentimientos políticos en la entidad, que careciera de una base de apoyo local y, por ende, dependiera totalmente del apoyo federal. Díaz no sólo empleo la misma estrategia de Juárez, sino que usó al mismo hombre para ese propósito: Francisco O. Arce. En esto, Díaz tuvo mucho más éxito que Juárez, pero de todos modos tropezó con una considerable resistencia de los caciques guerrerenses.

Los periodos gubernamentales de Arce transcurrieron entre sobresaltos e interrupciones –pues Álvarez y Jiménez y sus incondicionales se encargaron de crearles conflictos-; durante su gobierno se otorgaron numerosas concesiones mineras y ferroviarias. Por cierto, el ferrocarril que se proyectó iría de México a Acapulco nunca pasó  de Iguala; el proyecto original tenía como propósito construir las vías férreas que unieran a Acapulco con el puerto de Veracruz, pero el alto costo de la construcción y el desplome de la plata en esos años hizo que todo quedara en un sueño.

Ante la falta de una base de apoyo local, Arce incorporó a su administración a gente proveniente de otras partes del país. Además, ya fuera para minimizarlo buscar su apoyo o neutralizarlo, constantemente recurrió a Diego Álvarez. Como los gobernadores de la época, Arce fue la reproducción en miniatura de don Porfirio. Una simple anécdota lo pinta de cuerpo y espíritu enteros: en su honor al poblado de Arroyo Grande transformó su nombre por el de Arcelia palabra que fusionó su apellido con el nombre de Celia, su esposa.

La segunda relección de Arce volvió a prender fuego en los inquietos ánimos de los guerrerenses. Para muchos fue insoportable  pensar en un tercer periodo del veleidoso Arce. Canuto A. Neri acaudilló el levantamiento contra el gobernador. Es importante señalar, además, que estos dos personajes tenían querellas por terrenos que ambos reclamaban como propios. Así, en la elección de diciembre de 1892 Arce obtuvo el triunfo. Neri y sus partidarios, entre ellos Diego Álvarez, no aceptaron los resultados oficiales. Se calentaron los ánimos y Porfirio  Díaz llamó a la capital del país al gobernador y puso en su lugar a Mariano Ortiz de Montellano. Esta solución resulto inaceptable para la oligarquía regional, por lo que sólo tuvo como consecuencia avivar la crisis durante todo 1893.

Después de neutralizar o someter a los alzados, Díaz impuso, con el apoyo del propio Neri y de Diego Álvarez, como gobernador interino de conciliación a otro fuereño, el sanguinario y déspota Antonio Mercenario, ex administrador de las minas de Manuel Romero Rubio –suegro de Díaz-. Durante el régimen de Mercenario estallaron varias rebeliones locales debido al despotismo de los prefectos políticos, las cargas fiscales y la afectación de las propiedades de campesinos e indígenas, pues las políticas liberales de desamortización de bienes significaron, en los hechos, legalizar la disolución de la propiedad comunal y el desarrollo del latifundio. Todas las rebeliones fueron apagadas de forma sangrienta.

Al tiempo que Mercenario reprimía a sectores significativos de la población, se enriquecía con la creación de haciendas y premiaba a sus allegados; en tanto, las figuras señeras que sustituyeron la estampa de Juan N. Álvarez abandonaban el mundo terrenal: primero Vicente Jiménez, después Neri, posiblemente envenenado, y, por último , el longevo Diego Álvarez. Los tres en tan solo cinco años, de 1894 a 1899, murieron y dejaron aún más desierto el panorama de la clase política guerrerense. Este momento representó el triunfó del centralismo político sobre el poder del cacique, institución tradicional que señoreó  en Guerrero aun antes de ser un estado libre y soberano; el poder centralizador se impuso, sin respuesta, sobre los elementos tradicionales que tendían hacia la disgregación.